Los colegios profesionales suponen
una garantía de calidad para los ciudadanos cuando acceden a consultas médicas,
bufetes de abogados, gabinetes psicológicos, farmacias, etc., los colegios
tienen un código deontológico y ordenan la praxis de la profesión.
No todos los licenciados o
diplomados están colegiados, por ejemplo los titulados en derecho lo hacen como
notarios, o registradores de la propiedad o abogados, etc. No existen colegios
en el sector de la educación, excepto
los de educación social y el de educación física en Cataluña, y su implantación
obedece a una necesidad de abrirse camino porque las pocas plazas donde pueden
ejercer van a ser reclamadas, también, por otros profesionales que tienen
experiencia laboral en la misma.
Es preciso reconocer que las
plazas de instituto en Extremadura eran, en principio, para los educadores
sociales, pero también es verdad que no se había regulado la posibilidad de
habilitación para la gente con experiencia en ese ámbito de intervención con la
infancia y adolescencia.
Es comprensible que todo el mundo
quiera que se le respeten sus opciones a permanecer o acceder a las plazas en
litigio y haya ciertos codazos, pero ha llegado el momento de que mostremos
“educación social” y actuemos con cordura.
Los interinos sin titulación nos
sentimos cual mercaderes expulsados del templo después de la reunión de la
Comisión Paritaria, y nos gustaría que se crease ya el colegio y se pusiese
racionalidad a la transformación legal de exigencias de titulación y/o
habilitación por experiencia.
Como hemos visto si se decide con
precipitación por parte de los sindicatos y de la administración estamos
abocados a pleitear, a ningunear como rivales a nuestros propios colegas y a
desprestigiar la profesión.
Debería ser la profesión la que
solucionase su problema, tratándonos entre nosotros con respeto, tomando
ejemplos de buena práctica en otras comunidades, o siendo nosotros el mejor
ejemplo.
Los primeros colegios de
educadores creados, el catalán y el gallego admitían habilitar licenciados con
tres años de experiencia y diplomados con cinco.
La ley de creación del colegio
catalán (1996) incluía, además, esta sabia disposición:
“La
obligación de colegiación no rige durante los tres años siguientes a la entrada
en vigor de esta Ley para las personas que en ese momento estén trabajando,
mediante contrato, en tareas propias de educación social y estén matriculadas
en estudios de Diplomatura de educación social. Estos dos requisitos se han de
acreditar ante la Comisión Gestora en el plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigor de esta Ley”
Aunque
sería aún más sabia y justa en nuestro mundo de empleo precario si dijera:
“....estén trabajando o hayan trabajado,....”
Una disposición así supone una
respetuosa moratoria para personas a los que les gusta la profesión y se
encuentran en diferentes situaciones en
el momento de implantarse las nuevas exigencias legales de titulación.
En Cataluña la titulación se
implantó en 1992 y la ley de colegiación en 1996. En Extremadura hay titulación
desde 1998 y, en el 2002, la propuesta de ley excluye a personas con posible
vocación tratándoles como meros advenedizos exigiéndoles 5 años continuos en la
profesión o 7 si la han ejercido de modo discontinuo. Si se tratara de excluir
por momento de llegada a la profesión
habría que dejar fuera a los que no hubieran empezado la carrera antes de 1997.
Nos gustaría que la asociación
propusiese una ley como la catalana con la mejora añadida, porque aportaría un
marco legal que ganaría para la profesión a personas que hubieran trabajado o
estén trabajando en educación social y quieran continuar haciéndolo.
Desde nuestro pequeño colectivo de
personas que queremos ser educadores - educadores sociales desde antes de que
se nos pudiera acusar de oportunismo proponemos a todos los implicados:
a) Que
Sindicatos y Administración suspendan el próximo 15 de noviembre en la reunión
de la Comisión Paritaria el injusto acuerdo tomado el día 25, dando tiempo a la
asociación de diplomados y a los educadores fijos e interinos sin titulación
para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.
b) Promover
sin prisa pero sin pausa una ley de creación de colegio similar a la catalana
de modo que el cambio de normativa se realice dando opciones a todos los que
han trabajado o trabajan en la educación social. Con esa ley:
-
El 99% de fijos serían habilitables. Al resto se le
habilitaría por ser fijo.
-
Los interinos habilitables podrían presentarse a las
oposiciones, aunque los diplomados en educación social tendrían un plus en la
fase de méritos.
-
Los interinos en fase de moratoria (no habilitables aún y
matriculados en Educación Social) podrían presentarse a las oposiciones, si
bien no podrían optar a una plaza fija hasta la convocatoria en que cumplieran
las condiciones de habilitación o titulación. En todo caso formarían parte de
la Bolsa de Trabajo.
Aunque la
mayoría de las plazas de instituto se ocupen por la gente más antigua en la profesión
aún quedan unas 150 vacantes en diferentes centros en los que poder desarrollar
un hermoso trabajo. Nosotros nos desvivimos por tener la opción de poder
aspirar a trabajar en ellos.